Monjas armadas con rosarios sirven de guardaespaldas en Filipinas

Un grupo de religiosas a las que la gente llama ángeles protectores asumen la arriesgada misión de proteger a personas amenazadas a las que la muerte acecha al doblar cualquier esquina

EFE
El Universal
Manila
Lunes 18 de febrero de 2008

06:45 Los soldados más aguerridos y policías de comandos especiales, son menos fiables que las cándidas monjas de Filipinas que asumen la arriesgada misión de proteger a personas amenazadas a las que la muerte acecha al doblar cualquier esquina.

 

Armadas con sólo rosarios, este reducido grupo de religiosas a las que la gente llama cariñosamente "ángeles protectores" forman un inquebrantable cordón de seguridad en torno a su protegido cuando debe salir del refugio para declarar en calidad de testigo.

 

Ataviadas con el hábito blanco de su respectiva orden religiosa, las monjas caminan cogidas de la mano mientras rezan, y como haría en su lugar un guardaespaldas profesional, empujan sin miramiento a todo aquel que pretende aproximarse a la persona que protegen.

 

Casi todas ellas son mujeres de físico menudo y no han hecho un curso de artes marciales, pero infunden mucho respeto en este país en el que con un puñado de calderilla es posible contratar los servicios de un pistolero a sueldo, y se dice que los tribunales de justicia son incompetentes y corruptos.

 

Sor Estrella Castalone, de la Asociación de Superioras Religiosas, está al mando del grupo integrado por una decena de monjas católicas de las Hijas de la Caridad, y de otras ordenes religiosas como las Hermanas Salesianas y del Buen Samaritano, que desempeñan esta clase de misión cuando reciben instrucciones del obispado de Manila.

 

"Este es un riesgo que la Iglesia asume" , indicó Angel Lagdameo, presidente de la influyente Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, después de que el "comando" de monjas protegiera con éxito al principal testigo del nuevo caso de corrupción que encharca a la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo.

 

Como ocurría en tiempos del dictador filipino Ferdinand Marcos, cuando los miembros del clérigo liderados por el fallecido cardenal Jaime Sin acorazaban a los opositores perseguidos, las religiosas consiguieron mantener vivo y a salvo a Rodolfo Lozada para que relatara ante el Senado los sórdidos detalles de ese caso de corrupción.

 

El relato de Lozada, quien acusó al marido de la presidenta, José Miguel Arroyo y a un destacado funcionario de exigir una comisión de 130 millones de dólares para que el Gobierno aprobara un contrato de 329 millones para la instalación de una red nacional de internet por banda ancha, ha sumido a Filipinas en una tempestad política que puede hacer zozobrar a Macapagal Arroyo.

 

Por temor a que se cruce por delante una bala asesina, Lozada, un ex funcionario convertido en hombre de negocios con familia, está cobijado desde ese mismo día en un convento de la capital filipina, y en cada una de sus salidas a la calle para testificar, es resguardado por estas monjas convencidas de que también con rezos se ganan batallas.

 

"El testigo se siente más seguro y tranquilo cuando estamos a su lado" , dijo sor Mary John Mananzan sobre Lozada, visto por un amplio sector de la sociedad como un héroe por atreverse a desvelar las supuestas prácticas corruptas de la Administración de Macapagal Arroyo.

 

La defensa de Lozada forma parte de la cruzada que la oposición y la Iglesia católica filipina han emprendido para denunciar la avidez de los miembros del Gobierno, que sostiene su inocencia y que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades.

 

Lozada tiene, de momento, más suerte que los 14 jueces y 26 abogados que han sido asesinados desde 2001, año en el que Macapagal Arroyo asumió la presidencia, según los datos facilitados por el Tribunal Supremo y la Unión Nacional de Letrados.

 

El senador Francis Pangilinan, precursor con la Iglesia del fondo de dinero destinado a costear la defensa legal de aquellos filipinos que decidan denunciar casos de corrupción, ha desacreditado el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia.

 

"No ofrece garantías de protección dado que uno de los implicados es el marido de la presidenta, y además el programa lo administra uno de sus ministros más leales" , apuntó el senador Pangilinam.

 

grg

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