El próximo sábado se cumplirán 197 años de la emisión del primer edicto de excomunión impuesto por el Santo Oficio en contra de Miguel Hidalgo y Costilla, a quien la Iglesia católica acusó de los delitos de herejía y apostasía y lo sentenció como “hombre sedicioso, cismático y hereje formal” por haberse puesto “a la cabeza de una multitud de infelices” y proclamar la Independencia del Rey.

En el contexto de esa fecha, diputados federales del PRD y PRI presentarán un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación gestionar ante el Vaticano el levantamiento de la sentencia contra el Padre de la Patria, José María Morelos y Pavón y José María Cos.

PRI y PRD presentarán punto de acuerdo esta semana

Buscan diputados anular excomunión de Hidalgo

La gestión ante Roma recaerá en la SRE y Gobernación

Enrique Méndez

El próximo sábado se cumplirán 197 años de la emisión del primer edicto de excomunión impuesto por el Santo Oficio en contra de Miguel Hidalgo y Costilla, a quien la Iglesia católica acusó de los delitos de herejía y apostasía y lo sentenció como “hombre sedicioso, cismático y hereje formal” por haberse puesto “a la cabeza de una multitud de infelices” y proclamar la Independencia del Rey.

En el contexto de esa fecha, diputados federales del PRD y PRI presentarán un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación gestionar ante el Vaticano el levantamiento de la sentencia contra el Padre de la Patria, José María Morelos y Pavón y José María Cos.

La vigencia de los edictos, explicaron los legisladores, representa un desconocimiento de facto a México como nación y una posible omisión del orden constitucional emanado del Constituyente de Apatzingán, así como una contradicción en la Iglesia católica, que los mantiene vigentes, pero al mismo tiempo está sujeta a las leyes de un Estado independiente.

La semana antepasada, en el aniversario 242 del nacimiento de Morelos, el diputado Alfonso Suárez del Real, uno de los promotores del punto de acuerdo, expresó:

“Estamos convencidos de que la solicitud debe traducirse en una respuesta positiva a la invitación que hacemos a la jerarquía católica a que revise y reflexione con objetividad en torno a las injustas acusaciones enderezadas contra los mexicanos fundadores de la patria, que lucharon por instituir un régimen de justicia e igualdad sociales, en una colonia en que la exclusión y la pobreza eran referente cotidiano de un gobierno terrenal que poco practicó la doctrina que decía defender.”

El punto de acuerdo, que respaldan los perredistas Rosario Ortiz Magallón, Claudia Cruz Santiago, David Sánchez Camacho y la priísta Beatriz Pagés Rebollar, refiere que los personajes de la Independencia nunca concibieron su ideario como “contrario a los principios profesantes del cristianismo (y) aceptaron el sacrificio al que se les cometió con la condena de la muerte y el silencio”.

Cancelación de la pena

Los legisladores reiteran que al aceptar el fuero constitucional mexicano, la Iglesia católica “invalida el fundamento de los edictos de excomunión a los independentistas, tanto la excomunión de 1811 con que se condena a todos quienes apoyen y sigan la sedición de Miguel Hidalgo y Costilla, como la de 1814, por efecto de la Constitución de Apatzingán”.

Si bien admiten que la jerarquía católica tiene derecho a juzgar las causas que se refieren a asuntos espirituales y la violación de las leyes eclesiásticas, como establece el derecho canónico, también se incluye en éste el título De la cesación de las penas, que otorga a los ministros la facultad de anulas las sanciones.

“De no levantarse la excomunión en todos estos aspectos, se tendría a todos los católicos –incluyendo al clero y al Estado Vaticano– como herejes y dados por excomulgados por el solo hecho de reconocer a la nación mexicana como independiente, además de someterse al orden constitucional vigente.”

Ese argumento se basa en el hecho de que en el edicto de excomunión de Hidalgo, emitido por la Inquisición de México, que lo mandó publicar en todas las iglesias (con la advertencia de que nadie lo rasgara o quitara), se señala lo siguiente:

“Declaramos incursos en el crimen de fautoría en las sobredichas penas, a todas las personas, sin excepción, que aprueben vuestra sedición y reciban vuestras proclamas, mantengan vuestro trato y correspondencia espistolar, y os presten cualquier género de ayuda y favor, y a los que no denuncien y obliguen a denunciar a los que favorezcan vuestras ideas revolucionarias, y de cualquier modo las promuevan y propaguen, pues todas se dirigen a derrocar el Trono y el Altar”.

La respuesta de la Iglesia católica a la insurgencia fue de tal magnitud que la excomunión de Hidalgo –emitida por el papa Pío VII–, que le fue leída al Padre de la Patria antes de su fusilamiento, condenó al cura de Dolores en nombre de toda la corte celestial: “Lo excomulgamos, lo anatematizamos y lo secuestramos de los umbrales de la iglesia del Dios omnipotente para que pueda ser atormentado por eternos y tremendos sufrimientos, juntamente con Datán y Avirán…”

Antes de ser ejecutado, Hidalgo escuchó que su Iglesia condenaba a todos los órganos de su cuerpo, y concluía: “Que el hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo con todos los poderes que hay en él se subleven contra él, lo maldigan y lo condenen. ¡Así sea! Amén”.

http://www.jornada.unam.mx/2007/10/08/index.php?section=politica&article=011n1pol