La Unión de Consumidores Españoles (UCE) exigió este jueves al Gobierno que suspenda de forma provisional los teléfonos de tarificación adicional (803, 806 y 807 para telefonía y 907 para Internet), con los que se ha estafado entre 300 y 2.500 euros a más del 30% de las familias españolas, de forma impune y en aumento estos días.











EFE. Madrid

El portavoz de la UCE, Ignacio Alonso, denunció en rueda de prensa que los fraudes cometidos con engaños de los proveedores de estos servicios, cuentan con la “total complicidad” de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Administración que, aseguró, ha mostrado una “falta de sensibilidad a las denuncias sobre este problema”.

Alonso indicó que la UCE espera un cambio de actitud en el nuevo Gobierno, a pesar de que “Zapatero no mencionó a los consumidores como una de sus prioridades”, para lo que ha remitido cartas en las que se denuncia la “grave situación” al fiscal general del Estado, a la ministra de Sanidad y Consumo y al ministro de Industria, Turismo y Comercio.

La UCE reclama que estos números sean suspendidos de forma provisional y sean regulados estos servicios bajo el precepto de que sólo acceda a ellos quien “lo solicite de forma expresa y fehaciente”.

Una Orden de Presidencia de 2002 rige, recordó el portavoz, las pautas para el uso y prestación de estos servicios, asignados a concursos (806), asuntos relacionados con el sexo para mayores de edad (803), prestaciones de servicio profesional, donde se incluye lectura del futuro y astrología (807), y acceso a través de internet mediante el código 907.

El código de conducta de los proveedores de estos servicios, entre las que se incluye su identificación, es, sin embargo, “sistemáticamente incumplido”, señaló, y se recurre a engaños y promesas de falsos premios para “enganchar al usuario el máximo tiempo posible” a estas líneas, establecido en treinta minutos, que pueden alcanzar un coste de 3,95 euros por minuto.

Alonso subrayó que el mayor fraude sucede con el código 907 de Internet, que, mediante un archivo no solicitado por el usuario, desconfigura el modo de acceso a Internet, normalmente con tarifas planas, y lo activa a un 907, con un precio de 1,65 euros por minuto, lo que se traduce en facturas que ascienden a 2.500 euros.

El recibo de la factura telefónica de forma bianual empeora la situación, ya que la persona estafada no es consciente hasta mucho tiempo después.

Por ello, la UCE recomienda a los usuarios que sufran este fraude, que reclamen a su operador de telefonía que desglose la factura en gasto, a lo que el operador está obligado por ley en el plazo de 15 días, en teléfonos de tarificación adicional y gasto ordinario de telefonía, y paguen sólo este último.

El ciudadano se encuentra “indefenso” ya que la Comisión creada por el Partido Popular para vigilar el cumplimiento de las pautas establecidas está, afirmó Alonso, “abandonada” y “no tiene ningún auxiliar administrativo que abra los más de 5.000 expedientes de denuncia que esperan sobre la mesa”.

A esto se añade la “complicidad explícita” de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ha manifestado, dijo Alonso, que “estos servicios sirven para el desarrollo de las nuevas tecnologías en España”; así como de las operadoras de telefonía que “se han dado de baja de su compromiso de sometimiento al sistema arbitral de consumo”, con lo que “no hay dónde reclamar”.

Por este motivo, ante el vacío de amparo para los usuarios, los que llevan a cabo los engaños lo hacen de forma creciente durante “estos días” y, de ahí, la necesidad “inmediata” reclamada por la UCE de la suspensión provisional de estos servicios.


La UCE reclama que sean regulados bajo el precepto de que sólo acceda a ellos quien “lo solicite de forma expresa y fehaciente”

La UCE recomienda a los usuarios que sufran este fraude, que reclamen a su operador de telefonía que desglose la factura en gasto

Fuente: http://www.canariasahora.com/portada/editar_noticia.asp?idnoticia=40567&idtemageneral=6