La muerte de una niña de 10 años de edad en Tulare, Estados Unidos, es el
centro de un juicio que pone a la religión contra la ley. Wesley y Laronda Hamm
enfrentan cargos por homicidio imprudental y abuso infantil por la muerte de su
hija Jessica Hamm quien falleció en Marzo, pero los cargos fueron presentados en
Septiembre.

Los Hamms pertenecen a la Iglesia del Primogénito (Curch of the Firstborn)
cuyos miembros rehúsan tratamientos médicos así como la medicina hecha por el
hombre. De acuerdo a sus miembros, ellos creen en la curación por fe y ponen su
salud en las manos de Dios.

La Iglesia del Primogénito data desde los colonizadores fronterizos del Oeste
y la figura religiosa del líder mormón Brigham Young, quien de hecho estuvo
presente durante su fundación en 1836. Según sus miembros, la Iglesia del
Primogénito en Tulare cuenta con 20 familias quienes creen que la oración traerá
salud.

Las autoridades del Condado de Tulare presentaron los cargos porque existen
leyes que protegen a los niños e insisten a sus padres que deben cuidarlos hasta
que cumplan los 18 años de edad.

De acuerdo a las autoridades, Jessica Hamm tenía síntomas de gripa por varios
días pero sus padres no llamaron al doctor. En un momento dado, Jessica mejoró.
Los documentos en la corte dicen que su fiebre había disminuido, pero después
durante ese mismo día, los síntomas volvieron y murió unos días después.

Nunca le buscaron atención médica.

Según los documentos, Laronda Hamm le dio a su hija refresco 7UP para
tranquilizarla y le colocó compresas húmedas en la cabeza para calmar la fiebre.
En los documentos, Laronda Hamm dijo que la varios miembros de su Iglesia para
que fueran a su casa a rezar por su hija. Varios de esos miembros estaban
todavía ahí cuando Jessica murió el 13 de Marzo.

El caso contra Hamms no es el primero que involucra a miembros de la Iglesia
del Primogénito en Tulare:

En 1995, Harold y Carol Stevens fueron acusados por haber puesto en peligro a
su hija de 16 años de edad. El caso terminó sin que el jurado hubiera llegado a
un veredicto. Los Stevens aceptaron el cargo de menor cuantía por poner en
peligro a un niño y con esto evitaron otro juicio. Fueron sentenciados a tres
años de libertad condicional.

Carrie Stevens dejó de inyectarse insulina para controlar su diabetes y murió
en 1993.

En ese caso, la fiscalía argumentó que las creencias de sus padres llevaron a
Carrie Stevens a su muerte.

Los abogados se defendieron diciendo que sus cliente creían en milagros y que
Carrie Stevens tomó la decisión por sí misma de dejar de tomar el medicamento.